La Presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente una iniciativa para crear una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la intención de actualizar las normas ambientales del país y responder a los nuevos desafíos ecológicos.
La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación, informó la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo. El proyecto plantea sustituir la legislación ambiental que se encuentra vigente desde 1988, al considerar que ya no responde de manera suficiente a problemas como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
La iniciativa propone cambiar el enfoque actual por un modelo más preventivo y restaurativo, en el que las decisiones ambientales se apoyen en información científica y técnica. También busca fortalecer las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de las personas a vivir en un entorno sano.
Uno de los principales objetivos será proteger la biodiversidad mexicana, considerada una de las más importantes del mundo. La propuesta advierte que la destrucción y fragmentación de los ecosistemas pueden afectar la disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria y la capacidad del país para enfrentar los efectos del cambio climático.
El proyecto también contempla cambios en las autorizaciones de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo forestal y las emisiones contaminantes. Se plantea que, antes de aprobar determinados proyectos, se consideren no sólo sus efectos inmediatos, sino también sus consecuencias acumuladas y de largo plazo.
Además, se busca reforzar la protección y restauración de las Áreas Naturales Protegidas, mejorar la calidad del aire y transformar los mecanismos de procuración de justicia ambiental para que las autoridades puedan prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños ocasionados al medio ambiente.
Otro elemento incluido es la compensación ambiental, mediante la cual se pretende impulsar incentivos que promuevan inversiones y actividades más sostenibles, además de apoyar la conservación y recuperación de los ecosistemas.
La iniciativa representa el primer paso para actualizar el marco jurídico ambiental mexicano. Ahora corresponderá a la Cámara de Diputados analizar su contenido y determinar las modificaciones que podrían incorporarse antes de su eventual aprobación.
