Una red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas habría convertido las licitaciones de organismos electorales en una fuente de contratos millonarios, mediante presuntas prácticas de simulación de competencia. Así lo expuso Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, al presentar información sobre adjudicaciones que abarcan al menos 23 entidades federativas.
Entre 2014 y 2023, las compañías relacionadas con ambos empresarios concentraron más de 2 mil millones de pesos en contratos públicos. De acuerdo con los señalamientos, el mecanismo consistía en utilizar empresas vinculadas entre sí para participar en los mismos concursos y aparentar que existía competencia entre distintos proveedores.
Lejos de detenerse, estas operaciones habrían continuado en 2024 y 2025, periodo durante el cual se registraron contratos adicionales por más de 600 millones de pesos.
Pero los antecedentes de esta red se remontan a 2005. En el Estado de México, José Alfredo Hernández Casillas, entonces representante legal de Cartonera Plástica, quedó en el centro de una controversia por un contrato cercano a los 63 millones de pesos para fabricar material electoral destinado a los comicios para gobernador.
La adjudicación fue cuestionada por irregularidades administrativas, deficiencias en la evaluación de las propuestas y señalamientos sobre posibles sobreprecios. El asunto llegó a los tribunales electorales, que identificaron anomalías en el procedimiento, aunque no determinaron que la empresa careciera de capacidad técnica para cumplir con el contrato.
Veinte años después, los nombres de los hermanos Hernández Casillas vuelven a aparecer en señalamientos relacionados con la contratación de servicios electorales, ahora por operaciones que superan los 2 mil 600 millones de pesos en los periodos referidos.
La reforma electoral de 2014 y la conformación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) marcaron una nueva etapa en la contratación de servicios y materiales para las elecciones estatales. Según la información expuesta por Buenrostro, este modelo habría permitido que un grupo de empresas concentrara adjudicaciones en distintas entidades.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que Guadalupe Taddei no es responsable de los presuntos desvíos de recursos investigados. También aclaró que la expresidenta del INE no pertenece ni fue propuesta por Morena y recordó que su incorporación al organismo ocurrió durante la gestión de Lorenzo Córdova, a quien ha señalado por su actuación al frente de la institución.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar quiénes han concentrado los contratos electorales, bajo qué condiciones fueron adjudicados y si existió una competencia real en el uso de recursos públicos. Las autoridades deberán esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.