El alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el ex presidente municipal Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos la madrugada de este sábado 3 de octubre durante un operativo desplegado en este municipio de Chiapas.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), agentes ministeriales, acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, participaron en el operativo que derivó en la aprehensión de ambos funcionarios.
Las detenciones ocurrieron después de una serie de operativos realizados en Suchiapa contra el narcomenudeo y la delincuencia organizada. Uno de los antecedentes centrales de la investigación es la fuga de un detenido identificado como Humberto “N”, alias “La Gretel”, quien había sido llevado a la cárcel municipal después de un operativo realizado el 25 de septiembre.
Tras la evasión, las autoridades detuvieron al entonces director de la Policía Municipal, Jesús Antonio “N”, señalado por su presunta responsabilidad en la fuga. De acuerdo con las investigaciones difundidas hasta ahora, las declaraciones obtenidas durante este proceso permitieron avanzar en las indagatorias que posteriormente derivaron en la detención del alcalde y el exedil.
Jorge Lorenzo Lara llegó a la presidencia municipal para el periodo 2024-2027. Antes de ocupar el cargo, se desempeñó como director de Obras Públicas del Ayuntamiento durante administraciones encabezadas por Alexis Nucamendi, quien anteriormente fue presidente municipal de Suchiapa.
El operativo se realizó en las primeras horas del sábado y las fichas del Registro Nacional de Detenciones reportaron que ambos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado públicamente todos los delitos específicos que se les imputan ni han detallado su situación jurídica.
La investigación permanece abierta para determinar si existió participación de funcionarios municipales en la fuga del detenido y esclarecer posibles vínculos con las actividades delictivas que son investigadas en la región.
Mientras se desarrolla el proceso, cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial conforme a las pruebas que sean presentadas por la Fiscalía.