La Fiscalía de Paraguay allanó este domingo 8 de noviembre la residencia del ex presidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, como parte de las investigaciones por el colapso de Ueno Bank, una crisis financiera que provocó protestas masivas y derivó en la destitución del ex mandatario.
De acuerdo con el Ministerio Público, la diligencia forma parte de una investigación por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. Peña fue destituido el viernes por el Congreso paraguayo y permanece en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción.
Las investigaciones apuntan a posibles beneficios otorgados a Ueno Bank, institución financiera de cuyo grupo controlador Peña fue accionista hasta 2025. Según la Fiscalía, la entidad recibió depósitos de organismos públicos mientras concedía créditos presuntamente irregulares a empresas relacionadas con sus propietarios.
Uno de los elementos bajo investigación son dos préstamos que Peña habría recibido en mayo de 2024 por aproximadamente 500 mil dólares para financiar la construcción de su residencia. Según el acta de imputación, las mensualidades rondaban los 38 mil dólares, una cantidad cercana a seis veces su salario como presidente.
La crisis estalló después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank por insolvencia. El cierre de sus operaciones dejó temporalmente sin acceso a sus depósitos a cerca de tres millones de clientes, alrededor de la mitad de la población del país, incluidos organismos públicos y fondos vinculados a jubilaciones.
Ante la emergencia, el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, anunció medidas para avanzar en la devolución de los recursos. Hasta el domingo, las autoridades reportaban reembolsos a cerca de 1.2 millones de ahorradores, por un monto aproximado de 158 a 160 millones de dólares.
El caso también alcanza a otros funcionarios y directivos financieros. El ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, fue imputado en la misma investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las decisiones que permitieron la exposición de recursos públicos y el deterioro de la institución bancaria.
La investigación continúa para determinar las posibles responsabilidades penales en uno de los mayores escándalos financieros y políticos recientes de Paraguay. Las acusaciones contra Peña deberán acreditarse ante las autoridades judiciales.